12 enero 2012

LA DURA BATALLA EN EL CAMPO EDUCATIVO PORTEÑO

Juntas que dividen
Por Luciana Rabinovich
Dotar a la educación pública de una mayor calidad es un objetivo tan irrenunciable como compartido. En su nombre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se propuso reformar el Estatuto Docente, lo que causó un duro enfrentamiento con los sindicatos del sector. ¿Se trata de mejorar la enseñanza o de librar una lucha por el poder con los gremios?


El resultado de la votación del proyecto de reforma del Estatuto Docente en la Legislatura porteña fue, para los docentes, el amargo desenlace de una disputa que los confrontó con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante más de dos meses.

La larga jornada del pasado 1º de diciembre reflejó la dureza de ese enfrentamiento. Por la mañana, los docentes, que realizaban un acampe en las puertas de la Legislatura, fueron desalojados con violencia por una patota que los amedrentó y llegó incluso a agredir a varios legisladores. Por la tarde, una vez comenzado el debate, los legisladores de los bloques opositores al PRO pidieron en repetidas oportunidades suspender la sesión, dadas las noticias de lo que estaba sucediendo afuera: balas de goma y gases lacrimógenos eran disparados desde el edificio hacia quienes manifestaban frente a sus puertas; grupos de encapuchados, no identificados, prendían fuego a montones de basura en las puertas de la Legislatura e intentaban ingresar por la fuerza; algunos lanzaban piedras contra las ventanas, rompiendo vidrios de oficinas. Los disturbios en los alrededores de la Legislatura encontraron su eco dentro del recinto, con acusaciones cruzadas de estar motorizando el conflicto. Finalmente, pasada la una de la madrugada, cuando en las puertas de la Legislatura no quedaban más que destrozos y un pequeño grupo de docentes expectantes, la votación tuvo lugar.

Aunque el bloque del PRO no logró imponer su proyecto, que había sido presentado el pasado 30 de septiembre por los legisladores Victoria Morales Gorleri y Enzo Pagani –sin discusión previa con los gremios docentes–, sí consiguió una mayor participación del Ministerio de Educación en las decisiones de selección, ascensos, clasificación y concursos docentes. El proyecto original, que eliminaba las Juntas de Clasificación docente, había generado un fuerte rechazo entre los sindicatos y un importante sector de la Legislatura. Por ello, para completar los votos necesarios para obtener la aprobación, el PRO debió entrar en negociaciones. A pesar de su inflexibilidad a lo largo de los últimos dos meses, finalmente aceptó someter a votación una propuesta intermedia de Sergio Abrevaya (de la Coalición Cívica), que no elimina las Juntas, pero sí las reduce en número y les quita muchas de sus funciones.

Qué propone la reforma
El proyecto de reforma del Estatuto del Docente apunta a modernizar y transparentar el procedimiento de selección, ascensos y concursos a través de la informatización del sistema de clasificación e inscripción docente.

En el Estatuto actual, vigente desde 1986, el sistema se rige por las denominadas Juntas de Clasificación (14 en total, una por cada área o nivel): órganos mixtos compuestos por 9 miembros (6 electos por voto directo del personal docente titular y 3 designados por el Ministerio de Educación) encargados de la inscripción, clasificación y concursos de ascensos, designación de cargos directivos y titularizaciones. Si bien hay grupos independientes, generalmente son los sindicatos los que proponen los listados de candidatos a miembros de las Juntas, que luego son sometidos a votación. Es por esto que el Gobierno de la Ciudad afirma que los sindicatos tienen una fuerte injerencia en este tipo de decisiones, centrales en lo que hace al sistema educativo.

El proyecto aprobado, si bien no elimina las Juntas de Clasificación, las relega a un rol de “arbitraje” de lo que realice la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP). Esta nueva Comisión tendrá a su cargo la inscripción, clasificación e instrumentación de los concursos docentes, es decir, que centralizará las tareas que antes realizaban las Juntas, con una diferencia esencial: estará integrada únicamente por 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura.

Las Juntas pasan a denominarse Juntas de Clasificación y Seguimiento de los Concursos docentes. Se reduce su número a la mitad (serán sólo 7) y también la cantidad de miembros (de 9 a 5), excepto en las Juntas de primaria y media (las que concentran el mayor número de docentes y alumnos), donde serán 8. Su composición sigue siendo mixta, pero su rol se limita a dar conformidad al puntaje otorgado por la COREAP, fiscalizar los listados de los aspirantes confeccionados por esta Comisión y ponerlos a consideración del ministro.

Las razones oficiales
La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña, Victoria Morales Gorleri, explicó en una entrevista con el Dipló los motivos que condujeron a la reforma. Según los resultados de una auditoría realizada en 2009, la mayoría de las Juntas funcionan mal. El sistema de inscripción es engorroso, ya que el docente debe inscribirse personalmente al inicio de cada ciclo lectivo en cada una de las Juntas que correspondan. Además, desde hace años no se realizan los concursos en el nivel medio. “Esto lleva a que cada cuatro o cinco años se realicen titularizaciones masivas de todos los que están en cargos interinos, aunque no sean los más capacitados, lo cual atenta contra la calidad educativa. Ésa es la mayor dificultad”, resume Gorleri. La auditoría señaló también falta de transparencia en las designaciones, concursos y asignación de puntajes, donde, por ejemplo, un docente recibe distintos puntajes en cada una de las Juntas para el mismo cargo. “La informatización brinda la comodidad de que el docente se inscriba a través de internet y garantiza transparencia con respecto a los puntajes: por ejemplo, que no se le otorgue el puntaje según si está afiliado a determinado sindicato o no. Los puntajes serán establecidos automáticamente”, subraya Gorleri.

Consultada por el papel de los gremios en este sistema, agregó: “Las Juntas están compuestas por 6 docentes y 3 miembros del Poder Ejecutivo, o sea que las definiciones de clasificaciones, concursos y ascensos las toman los sindicatos docentes en absoluta mayoría. Ésa es la gran batalla de fondo. Ésa es la discusión que se está dando: a quién le compete y quién debe velar por la carrera docente, por la calidad educativa. Nosotros consideramos que es el Poder Ejecutivo con participación docente, pero no al revés”.

El ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, señaló a el Dipló que el fuerte rechazo de los sindicatos al proyecto de reforma se debió a que “lo que se discutió fue cómo se iba a manejar el sistema. Había gremios que estaban perdiendo espacio, porque antes tenían mayoría en las Juntas, y ahora el Estado recuperaba un rol importante. Pero lo que los sindicatos tienen que garantizar es que se cumpla el estatuto, ésa es su función”. Los sindicatos, por su parte, creen sencillamente que “el gobierno no tiene que intervenir en la designación de los maestros”, tal como lo aseveró Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Vigilar y castigar
Confrontados con estas acusaciones –falta de transparencia dentro del sistema, favoritismos, réditos económicos a partir de los cursos de capacitación (1), retrasos en los concursos– los representantes de los sindicatos respondieron evasivamente. Eduardo López justificó el buen funcionamiento de ese sistema por la amplia participación docente en las elecciones de Juntas de noviembre pasado y por el masivo acatamiento a los paros. “La visión de los docentes en general es que las Juntas funcionan bien, porque han votado a los oficialismos… Votó el 70% del padrón. Eso expresa que las Juntas son un organismo de gobierno válido. Por supuesto que hay que mejorar, hay que informatizar y crear un legajo único”. Y agregó: “Nosotros pedimos la informatización, pero no pensamos que se pueda reemplazar un organismo colegiado, de cogobierno, por una computadora. Creemos que la computadora puede optimizar, pero no puede elegir a los docentes”. Héctor Cova, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), por su parte, afirmó: “El Ministerio tiene 3 miembros dentro de cada Junta. Es decir que si las Juntas funcionan mal, el gobierno tiene un 30% de culpa…”.

La disputa, sin duda, afecta fuertemente el poder de decisión e injerencia de los sindicatos en el sistema. Consultado al respecto por este medio, el secretario general de UTE declaró: “Las Juntas no las manejan los sindicatos, las manejan los docentes. Esto es un ataque a los docentes y un intento de disciplinamiento y de castigo. Porque fuimos los docentes quienes nos opusimos muy tenazmente a las políticas privatistas educativas de Macri. En estos primeros cuatro años, Macri intentó sacar la carne de las escuelas y poner soja y nosotros lo denunciamos; intentó que los maestros mandáramos las listas de los estudiantes que reclamaban por mejoras edilicias a la policía y nos negamos; intentó sacar las becas a los estudiantes y también nos negamos; quiso poner un espía en el Ministerio de Educación y lo denunciamos; intentó poner a Abel Posse y también lo denunciamos. Pretendió ir por la escuela pública y los maestros le dijimos que no; ahora viene por los maestros. ¿Cómo? Intentando incidir en el acceso, la permanencia en el cargo y el ascenso en el mismo”, explicó López.

¿Qué se debate?
En líneas generales, los distintos actores del conflicto –tanto el Gobierno de la Ciudad como los representantes de los sindicatos– inscriben la disputa en una lucha por mejorar la calidad de la educación pública. Según los sindicatos, si bien el sistema necesita informatizarse, hay que asegurar su democratización y transparencia manteniendo el cogobierno. Los sindicatos desconfían de la actual gestión del Gobierno, aducen que la reforma apunta a elegir “a dedo” a aquellos docentes menos combativos y denuncian una falta de interés del macrismo por la educación pública. El gobierno, a su vez, acusa a un sistema poco transparente, donde quienes eligen “a dedo”, por afiliación sindical o simpatías personales, son los sindicatos. Además, piensa que, en definitiva, quien debe velar por la calidad educativa es el gobierno y no los sindicatos.

Pero es precisamente el debate sobre la calidad de la educación lo que parece dejarse de lado en este cruce de denuncias. Y no porque la reforma no intente reparar ciertas asignaturas pendientes: la transparencia e informatización del sistema son necesarias, también lo son un mayor control y mejora de los cursos de capacitación y la revisión de puntajes de títulos (valorización de títulos universitarios, revisión del puntaje que otorgan los cursos de capacitación). En todo caso, la pregunta de Morales Gorleri –¿quién debe velar por la calidad de la educación?– es completamente legítima y sería interesante que ese tema se pusiera realmente en debate con todos los actores de la educación. Sin embargo, esta cuestión, un eje central, se vio opacada por otra batalla: una puja por el poder donde el gobierno pretende debilitar a los sindicatos docentes. ¿Será por el alto nivel de confrontación durante toda la gestión del recientemente reelecto jefe de Gobierno, como piensan los representantes gremiales? ¿Será por su combatividad, que tiene en su haber una de las conquistas más importantes de la historia de la educación en el país: el haber frenado, en la década de 1990, la implementación en la Capital Federal de la Ley Federal de Educación? El secretario de AMET sintetizó el conflicto de manera tajante: “Esto es una decisión de eliminar a los sindicatos docentes. Es una vieja pelea entre el gobierno y la UTE-Ctera, porque la UTE siempre fue en contra de las decisiones del gobierno”.

En relación con este punto, el legislador por el GEN, Martín Hourest, fue contundente durante su discurso en el debate de la Legislatura al destacar que “el conflicto real no son las Juntas de Clasificación, sino una pelea por el poder”. Hourest cuestionó así que el objetivo de la reforma apuntara a mejorar la “calidad educativa”, tal como lo había expuesto la legisladora Gorleri. “Está claro que hubo una búsqueda de conflicto y en esa búsqueda alguien dijo: ‘Nos da el número, vamos a derrotar a los sindicatos’. Estamos discutiendo un mecanismo que habla de la clasificación docente sin mencionar ninguno de los otros ítems que hacen a la calidad educativa”, sintetizó, al abordar un tema sobre el que nadie más hizo mención esa noche.

“Lo que estamos discutiendo no es una cuestión de puja entre sindicatos y Estado; no es una cuestión de rabietas sindicales en función de privilegios que les van a arrancar. Supuestamente estamos discutiendo educación y, es más: cómo mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo se mejora la calidad de la educación? No en vano, cuando se discute seriamente sobre calidad, lo primero que se trata no es cómo evaluar a los docentes, sino cómo cortar las relaciones de herencia, o de transferencia de desigualdad transgeneracional que hacen que el chico cuando llega al sistema educativo ya sea irreparablemente desigual. Ahí está el primer nudo que debe desatar la calidad educativa”, agregó el legislador por el GEN.

El ex ministro de Educación de la Nación, Andrés Delich, en una nota de opinión publicada en La Nación (2), afirmó sobre este tema: “La ley de reforma de juntas ingresa directamente en un espacio de poder de los sindicatos y, en consecuencia, éstos la defienden para controlar y ser árbitros de una parte importante de la vida cotidiana del sistema educativo”. El ex ministro fundamentó también que: “En el plano de la política educativa […] no se puede mejorar la calidad de nuestras escuelas si no establecemos un sistema de ingreso a la profesión docente que garantice las competencias de los aspirantes a los cargos y recupere este rol para el Estado”.

En consonancia con lo que plantea Delich, el Informe McKinsey 2010 (3) señala que el nivel educativo de un país depende fundamentalmente de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. Sin duda, los salarios, la capacitación y la buena formación de los docentes hacen a la calidad educativa.

Modelos de calidad educativa

Al hablar de calidad, sin embargo, se ingresa en un terreno ambiguo, ya que bajo su nombre pueden adoptarse las políticas más disímiles. ¿Quién define qué modelo educativo es de calidad y para quién? Podrían tomarse en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones derivadas de los resultados del informe PISA, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque se trata de un informe cuestionado, puesto que según señalan algunos especialistas en educación, como la propia directora de Planeamiento Educativo porteño, Mercedes Miguel, “no se adapta al contexto social de América Latina. Lo único que mira es el desarrollo en el aula y no tiene en cuenta el entorno sociocultural”, también es cierto que “todos los alumnos del mundo responden las mismas preguntas y siempre se hace la misma consulta, lo que permite hacer una comparación” (4).

Los países que encabezan ese informe son China (Shanghai y Hong Kong), Corea del Sur, Finlandia, Singapur y Taiwán, cuyas realidades económicas y sociales son tan diferentes como sus modelos educativos. Tal vez Finlandia pueda representar un modelo para Argentina: allí la profesión docente tiene una excelente reputación y está bien remunerada. Tan es así que del total de aspirantes a la docencia sólo ingresa el 10%, altamente calificado. Se trata de un modelo que no privatiza la educación sino que invierte fuertemente en la formación de los docentes y en su actualización. Un modelo que parecería estar lejos de las prioridades del actual gobierno porteño, más preocupado en disputarles poder a los sindicatos que en elaborar políticas de fondo: la mejora en los cursos de capacitación, de cuyo control son actualmente responsables; la actualización de los salarios docentes de la Ciudad, que están entre los más bajos del país, y la reconsideración de los subsidios a escuelas privadas y revisión del presupuesto de las escuelas más carenciadas. Sin duda los docentes tienen una fuerte responsabilidad en la calidad de la enseñanza que se brinda en la escuela pública. Pero ciertamente no deberían estar solos en la compleja tarea de enseñar en un paisaje donde las desigualdades y el contexto socioeconómico son desfavorables.

Consultado por este medio, el ministro Bullrich definió “calidad educativa” como la “capacidad que tiene el sistema educativo de darles herramientas a todos por igual. El 90% del éxito escolar de un chico en Argentina se predice por su nivel socioeconómico”. ¿Cómo se genera igualdad? “Equiparando la capacidad tecnológica y edilicia; equipando los edificios con computadoras y conexión a internet; mejorando el salario de los docentes y trabajando sobre lo que sucede adentro del aula, sobre la formación y la actualización docente”, respondió Bullrich. Al menos a nivel discursivo, estas ideas no parecen desacertadas, aunque, a juzgar por los últimos cuatro años de gestión del gobierno de Mauricio Macri, es difícil asegurar si esas palabras llegarán a buen puerto o simplemente se las llevará el viento…

Al finalizar su discurso, Martín Hourest lanzó una advertencia, que puede servir como reflexión final: “Quiero alertar al bloque del PRO: es cierto que la mayor cantidad de votos da muchos derechos, pero también engrosa la lista de obligaciones. Y en la lista de obligaciones, más que nuestra preocupación por si les torcemos o no el brazo a los sindicatos, está si los pibes y pibas de la Ciudad van a tener, en el marco de la educación pública, un futuro y una capacidad de libertad mayor que la que hemos tenido nosotros. Si no lo hacemos, estamos aplazados y fuera de lo que debe ser la política de promoción de igualdad de los sistemas institucionales”.

1. Los cursos de capacitación pueden ser estatales o privados. La Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA) es un organismo que depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y brinda cursos de formación docente gratuitos. Pero a su vez los sindicatos también pueden ofrecer cursos, pagos, que deben ser previamente aprobados por el Ministerio.

2. “Cuestión de poder”, La Nación, Buenos Aires, 3-12-11.

3. http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better. Véase también Manuel Álvarez-Tronge, “El más grave problema del país”, La Nación, 20-5-11.

4. “Los estudiantes porteños serán evaluados aparte”, La Nación, 30-10-11.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur - Enero de 2012

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