Lesa humanidad:
134 condenas
y más de 1000 procesados
Fueron juzgadas casi el doble de personas. Se reconoció el Plan Sistemático de Robo de Bebés. Tras siete años de que se retomaran los juicios por delitos de lesa humanidad, 2012 fue el período más prolífico en cuanto a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura, con 134 personas condenadas y más de 1000 procesados, según el informe de gestión de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos.
Por: G. A.
La
característica distintiva de este año estuvo en la magnitud de los
procesos, ya que comenzó a rendir frutos el impulso de los
organismos de Derechos Humanos y las fiscalías para unificar causas
y lograr juicios más completos, donde se pueda ver toda la
estructura represiva. Así, con similar cantidad de juicios que en
2011, este año fueron juzgadas casi el doble de personas (193 contra
383). A partir de la acumulación de causas, a fines de noviembre
comenzó la tercera parte de la megacausa ESMA, que con 68 imputados
por casi 800 hechos es el mayor juicio que se haya hecho en el país.
Para lograr este megajuicio se acumularon 13 causas por delitos
cometidos en el centro clandestino de detención ESMA, que además de
incluir a los jefes de la Armada y a los integrantes del Grupo de
Tareas, por primera vez se juzgará a siete pilotos de la Armada y
Prefectura imputados por participar de los Vuelos de la Muerte.
Producto
de la acumulación también es el juicio conocido como Menéndez III
en Córdoba, que concentra 16 causas por delitos cometidos en los
centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, así como
crímenes que se cometieron antes del golpe de Estado por el Comando
Libertadores de América. Allí también se investigará por primera
vez un caso de apropiación en esa provincia: el secuestro de la hija
y el nieto de Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.
Situación similar se dio en el juicio que se desarrolla en Salta,
con 15 causas acumuladas, y en Tucumán, con más de 40 imputados.
Igual
de significativo es el comienzo, este año, del primer juicio en la
provincia de Jujuy por delitos de lesa humanidad, una jurisdicción
que debió superar primero las trabas del ex juez Carlos Olivera
Pastor, que retrasó durante años el proceso. Su salida del juzgado
federal de Jujuy, luego de una multitudinaria marcha, implicó
también el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos
Blaquier, acusado por delitos en la Noche del Apagón. Su caso, junto
a la condena de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense en la
última dictadura, muestra un avance de la justicia contra los
civiles que fueron partícipes o cómplices del terrorismo de Estado,
un sector que por muchos años permaneció impune (ver aparte).
Durante
este año también se lograron condenas históricas para el proceso
que comenzó luego de la caída de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final. Una de ellas fue en Rawson, donde los familiares de las
16 víctimas de la Masacre de Trelew obtuvieron justicia a 40 años
de los fusilamientos de presos políticos en la Base Almirante Zar.
En ese proceso resultaron condenados los ex capitanes de fragata Luis
Sosa y Emilio Jorge Del Real, y el cabo Carlos Marandino, mientras
que el ex jefe de la base naval, Rubén Paccagnini, y Jorge Enrique
Bautista, encargado de la investigación miliar, resultaron
absueltos.
También,
por primera vez, la justicia reconoció la existencia de un Plan
Sistemático de Robo de Bebés en el juicio en el que Jorge Rafael
Videla fue condenado a 50 años de prisión por 20 casos de
sustracción y apropiación de niños. En esa misma línea, la
procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la
Unidad especializada para investigar casos de apropiación de niños,
uno de los pedidos históricos de Abuelas de Plaza de Mayo. Al frente
de la Unidad nombró a Martín Niklison, fiscal en el juicio por robo
de bebés, y al coordinador de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos,
Pablo Parenti.
El
2012, además de avances, dejó desafíos para los próximos años,
según explicó a Tiempo Argentino Pablo Parenti: "Lo
fundamental es acelerar el ritmo de los juicios, es un proceso que
está vivo y en plena vigencia, por lo que hay que pensar en un
mecanismo para agilizarlo", señaló, y marcó la necesidad de
un cambio de ritmo a los tribunales para poder juzgar en un tiempo
razonable a los 1013 procesados por delitos de lesa humanidad.
Otro
de los objetivos será progresar con la acusación por delitos
sexuales cometidos durante la última dictadura. Si bien hubo un
impulso por parte de la procuradora Gils Carbó, quien ordenó a los
fiscales implementar las "Consideraciones sobre el juzgamiento
de los abusos sexuales", elaborado por la Unidad Fiscal de
Derechos Humanos, esto no necesariamente produjo su correlato en los
juicios.
Fuente: Tiempo Argentino, 31.12.12
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